El derecho a aprender es una misión del gobierno, y para ello generar políticas educativas requiere de voluntad política, recursos y apertura a la incidencia entre organizaciones sociales, líderes gubernamentales y educativos.

Existe la necesidad de contar con mecanismos oportunos, especializados y sistemáticos que den cuenta de las condiciones de los aprendizajes del estudiantado, así como de la importancia de incluir instrumentos que adicionen información, como es el contexto de las comunidades escolares y la opinión del profesorado respecto de lo que ocurre en sus aulas. En ese sentido es necesario que MEJOREDU cumpla a cabalidad con la misión que le marca la ley.

El propósito de esta colaboración es compartir, de manera breve, algunas claves aprendidas a través de la experiencia para el análisis del presupuesto público educativo, dimensionando también la importancia de la participación ciudadana más allá de los asuntos electorales.

Hace ocho años, México se comprometió a transformar nuestro mundo al aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; una hoja de ruta para construir un futuro más justo, sostenible y próspero. Hoy en día, a medio camino, el país se encuentra ante una disyuntiva: continuar con la inercia actual, misma que no alcanzará para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los cuales se encuentra garantizar una educación de calidad, o replantear la trayectoria y fungir como un actor de cambio en la ruta hacia la sostenibilidad. ¿Cuál será la apuesta? Los próximos pasos serán decisivos.

En la historia de nuestros días conocemos, coincidimos y aprendemos de mujeres que nos inspiran. Desde las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en la calle República de Brasil, pasando por escuelas, oficinas e instituciones diversas, han habido mujeres que han sentado las bases para que el sistema educativo evolucione; crearon políticas con visión; impulsaron la evaluación; diseñaron programas e impulsaron estrategias. Hoy las reconozco y abrazo con admiración.

Este texto narra las circunstancias que enfrentan tres adolescentes para poder ejercer su derecho a la educación y da cuenta de los trayectos que deben recorrer a diario, a través de caminos rurales; expone algunas de las barreras que se les presentan; e invita a la reflexión sobre las dificultades que enfrentan niñas, niños y jóvenes para hacer efectivo ese derecho, en los territorios rurales mexicanos.

¿Qué implicó el proceso de descentralización de la Secretaría de Educación Pública? La autora responde a la pregunta con su experiencia de implementar dicha política en el estado de Aguascalientes, en los años 90, y ofrece asimismo tanto una mirada al diseño de políticas que definen la educación nacional como al papel crítico que juegan las funcionarios y funcionarias en su cabal implementación.

Para hacer realidad el derecho a aprender es primordial promover políticas educativas y sinergias entre las organizaciones sociales y los gobiernos estatales.

El texto que nos presenta la autora permite que los lectores conozcan la historia de a educación inicial en nuestro país. Explica cómo se le fue dando importancia y su proceso de institucionalización.

Hoy que la SEP cumple cien años es buen momento para recordar que la educación es hacer valer el derecho al aprendizaje y no un privilegio de unos cuantos. Si lo olvidamos, difícilmente revertiremos problemas tan serios como que, uno de cada tres niños llega hoy a tercero de primaria sin dominar las competencias básicas de lengua y de matemáticas. ¿Qué vamos a hacer como país al respecto?.