El problema educativo del abandono escolar ha existido, existe y seguirá existiendo a lo largo de todas las épocas, desde el periodo conservador hasta el neoliberal, pasando por una educación elitista y accesible solo para los sectores privilegiados, la modernización con la creación de las escuelas públicas, la expansión de la educación primaria para reducir el analfabetismo hasta la descentralización y privatización del sector educativo; en cada una de estas etapas, el abandono escolar ha hecho acto de presencia, afectando a los sectores más vulnerables o vulnerados, como lo son los jóvenes, quienes enfrentan a dos grandes “monstruos” educativos: la violencia social y la pobreza.

La discusión sobre las condiciones en que los estudiantes del nivel medio superior regresarían a clases se ha enfocado en reconocer que los graves problemas de acceso, bajos aprendizajes y abandono que ya teníamos antes del confinamiento, se profundizarían. En este texto, ofrecemos una actualización de la información sobre el comportamiento de la matrícula, destacando que quienes han salido de los registros escolares son los estudiantes con mayores desventajas socioeconómicas, culturales y socioemocionales. Los riesgos a los que quedan expuestos quienes salen de la escuela, son graves y se ilustran con datos recientes sobre el incremento de las adicciones y los delitos cometidos por jóvenes. Concluimos que la más alta prioridad es abrir oportunidades para que todas y todos regresen a los planteles y permanezcan en estos espacios protegidos hasta concluir el tramo obligatorio de la educación, como es su derecho.

Este texto reflexiona sobre el problema del empleo de los egresados de la educación media superior, examina las políticas recientes con las que se ha pretendido incrementar su empleabilidad y se detiene en las lecciones aprendidas con su implantación. En el contexto de la recuperación de las economías estatales y nacional, el tema del trabajo de los jóvenes adquiere una importancia mayúscula y se propone que la formación dual podría contribuir significativamente al bienestar de familias y comunidades, siempre y cuando se propicie el florecimiento de opciones flexibles, ancladas en las comunidades educativas y protegidas por los gobiernos locales, empresarios pequeños y medios, así como por padres de familia.